La Contraloría General de la República advirtió hoy sobre los potenciales riesgos de pérdida de información por la falta de mecanismos de empalme transparente entre el Incoder -en liquidación- y las Agencias Nacional de Tierras y de Desarrollo Rural.

En el marco de los ejercicios auditores periódicos que realiza la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, se han evidenciado dilaciones en la entrega de información, falta de personal disponible para responder de manera oportuna los requerimiento del organismo de control y ausencia de inventarios actualizados que permitan hacer un empalme organizado.

Sin duda, advirtió la CGR, esto representa un riesgo que no permite hacer un control fiscal eficaz al no poder contar con información actualizada ni oportuna, situación que se ha podido evidenciar en el tema de adecuación de tierras.

El propio Contralor General, Edgardo Maya Villazón, requirió con un oficio al gerente liquidador del Instituto, Mauro Rodrigo Palta, con el fin de que facilite toda la información que se le ha venido solicitando, en el marco de las actuaciones ordinarias y especiales adelantadas por la CGR.

La Contraloría hizo un llamado a la Procuraduría General de la Nación y al Gobierno Nacional para poner de manifiesto los riesgos que tiene para el desarrollo agropecuario del país un deficiente empalme y transición entre las entidades.

Considera que si a esto se le suma que la Adecuación de Tierras hace parte de los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral (RRI)  dentro de lo establecido en el Punto 1 de los Acuerdos de La Habana, se hace necesario que exista información certera y actualizada, que le permita tanto al Gobierno Nacional tomar decisiones e invertir los recursos de manera correcta como a los organismos de control hacer una vigilancia oportuna y eficiente para una rendición de cuentas transparente.

Una larga transición 

La más reciente auditoría realizada al Incoder en liquidación, correspondiente a la vigencia 2015, expone la preocupación de la CGR ante el hecho de que la transición entre el instituto y las nuevas entidades que asumirán sus funciones (la Agencia Nacional de Tierras –ANT- y la Agencia de Desarrollo Rural –ADR-) ha tomado más tiempo del esperado.

Esto se ha traducido en la gestión del sector, lo que, en concreto, ha aparejado demoras e ineficiencias en las labores que deberían llevarse a cabo en la materia y que, dado el estado de interinidad actual, no han sido asumidas en la forma que tales asuntos merecen.

“La indefinición está haciendo daño al sector”, concluyó la Contraloría.

Previo a que cesaran las funciones del Incoder, se desembolsaron en un solo giro los recursos destinados a proyectos productivos, sin tener en cuenta que se avecinaba la cesación de dichas funciones, lo que afecta tanto el seguimiento de los dineros y de los proyectos, como a los proyectos mismos.

En la auditoría al Incoder se establecieron 101 hallazgos administrativos, 7 de ellos con posible connotación fiscal por $867 millones, 2 con presunto alcance penal y 1 que da lugar a la apertura de una Indagación Preliminar (IP).

Diversas fallas de gestión

La situación descrita le fija un reto inmediato a la Agencia de Desarrollo Rural –ADR- respecto de los proyectos SIDRA (Subsidios Integrales de Reforma Agraria) y PDRET (Programas de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial).

Los proyectos SIDRA y PDRET presentan un serio rezago en su cumplimiento para las vigencias 2014 y 2015, en cuanto a subsidios entregados. 1125 adjudicaciones en 2014 y 355 en 2015, pero solo 275 familias recibieron desembolsos.

Se observan también inconsistencias en el registro de los beneficiarios de ambos proyectos.

Hay demoras excesivas para conceder los subsidios y tampoco hay buen seguimiento para asegurarse de que los recursos se destinen a los proyectos productivos por el tiempo mínimo señalado en las normas pertinentes, riesgo que se maximiza si se tiene en cuenta que esos subsidios deben ser vigilados por las nuevas entidades del sector.

Igualmente hay incertidumbre sobre el verdadero valor de tierras del Fondo Nacional Agrario (FNA). En forma concreta, hay discordancias en determinar tanto el número de predios que en realidad hacen parte de este fondo, lo que implica, así mismo, una discordancia entre los valores. La CGR advierte un riesgo de detrimento por cerca de $9.500 millones.

Se detectó, además, que se han recuperado recursos para el Fondo Nacional para Adecuación de Tierras (FONAT), pero que los dineros (unos $1.500 millones) ingresaron a la cuenta de recursos propios del Incoder.

El informe de la Contraloría es contundente en señalar muy diversas fallas de gestión, que se deben a deficiencias del propio Incoder y al hecho de que, ante la cesación de sus funciones misionales, no se han podido llevar a cabo diversas gestiones que eran propias de la entidad y han quedado huérfanas. Es así como la administración de los distritos de adecuación de tierras ha mostrado problemas, como en el caso de Rio Frío.

Para la CGR, en el estado actual de cosas, no se aprecian garantías de que las nuevas agencias puedan tener el control certero de estas situaciones.